La prórroga que determinó el Poder Ejecutivo no hace más que exponer la necesidad de discutir una ley que determine la aplicación de los fitosanitarios en la provincia de Buenos Aires. La ausencia de legislación al respecto tal como sucede actualmente, genera una disparidad de ordenanzas que entorpecen el trabajo del productor. Es por eso que es fundamental poder dar tratamiento al proyecto de Ley 2764/24-25, de mi autoría, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de gestión, aplicación y uso de productos fitosanitarios, y que tomó estado parlamentario el 25 de septiembre pasado. Esta iniciativa, que consensuamos con las Cámaras y la Mesa de Enlace, tiene que ser el disparador para que la provincia tenga una regulación sobre un tema de vital importancia para la producción. Se necesita de un debate sincero de todos los espacios, en busca de avanzar en una ley que salga del diálogo y el consenso.

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