Ante la agresión verbal de una Concejala, usando conceptos de justicia social.
Es indudable que la aprobación exitosa de la oposición al Intendente Jorge Echeverry, ha molestado, y mucho, a ciertos sectores que, sin criterio propio, no han sabido expresar políticamente, desde su lugar del gobierno, las objeciones a la norma que le provee al ejecutivo, lo que solicitó en el proyecto de ordenanza enviado al CD.
Es por ello que los medios oficiosos, salieron a reproducir dichos que muestran un profundo odio sobre quienes trabajaron denodadamente logrando un acuerdo político, dentro de los parámetros legislativos que les compete.
Los gobiernos democráticamente elegidos, tienen dentro de sus potestades, las de proteger al ciudadano en inferioridad de condiciones, en cuanto a sus necesidades básicas la constitución Nacional, Provincial y Municipal los direcciona convenientemente para que esto así suceda.
Existieron, existen y existirán casos sociales extremos en qué, el gobierno de turno debería acceder al patrimonio que administra, para hacer cesar estos inconvenientes. La ley le permite en estos casos, dentro del imperio de la ley misma, acceder a ese patrimonio en custodia y, con la anuencia de los órganos legislativos, solucionar esta problemática.
En Lobos, se sustancian en estrados judiciales, al menos media docena de casos, en que la Provincia ha respondido las demandas, manifestando que: «Si el estado municipal, provee el terreno, se compromete a la edificación de una unidad habitacional mínima». Es el Municipio que ha respondido «mintiendo», que no tendría esa disposición.
Este medio, consultando registros oficiales, constató que durante la gestión de Gustavo Sobrero se impulsaron políticas de recuperación de inmuebles abandonados o con herencias vacantes para incorporarlos al patrimonio municipal, como ejemplo la sede del CBC (ex club Palermo), del ANSES, el ex club Primavera, el terreno de la calle Necochea donde hoy se levanta una escuela. Inclusive se intentó recuperar un terreno municipal lindero a la casa del dueño de una inmobiliaria muy conocida y activa estos años que “por error” se lo anexo hasta que fue descubierto y se le hizo saber que debía devolverlo o pagarlo por su valor de mercado, era lo más parecido a un cuento chino. Sin embargo, este fue un rasgo distintivo de la gestión ya que durante los gobiernos de la UCR y la UVC era exactamente al revés se miraba de costado sin intervenir cuando políticos, inmobiliarias o registros se apropiaban de esos terrenos para beneficio personal, todo el mundo en Lobos lo sabía, pero estaba aceptado como si fuera natural, posiblemente por ignorancia de la gente que creía que algunos figurones podían hacer lo que quisieran con los inmuebles o terrenos.
En la realidad daba la sensación de parecer un pacto entre los sectores conservadores más reaccionarios de esos anquilosados partidos políticos. Pero el gobierno de Gustavo Sobrero no se quedó solo en recuperar inmuebles para el patrimonio municipal, también con autorización del Concejo Deliberante mediante la sanción de las ordenanzas habilitantes, se autorizó al municipio a disponer de los terrenos algunos en barrio hipódromo otros en Empalme para que personas sin viviendas pero con alguna disponibilidad monetaria pudiera adquirirlos pagando una cuota mensual o al contado al municipio. Se hizo sin intervención de inmobiliarias ni otras yerbas porque no se trataba de hacer un negocio con terrenos municipales abandonados sino de hacer posible el sueño de la vivienda propia.
El freno que se le impuso a Etcheverry despertó la ira de una concejal Laura Troncoso que ingresó a la política en edad avanzada (enhorabuena si es su tardía vocación) , quizás por eso eso confunde construcciones filosóficas como la justicia social -que nace con las encíclicas papales a fines del siglo XIX y fue receptada por partidos como el socialismo e inclusive por la UCR de Alem e Yrigoyen pero concretadas en la realidad por el Peronismo- con la obligación del estado de municipal de ser transparente y prolijo en la asignación de los bienes públicos. Nuestros representantes tienen la obligación de estudiar la constitución y las leyes antes de emitir un juicio coherente evitando hablar sin conocimiento.
Eso es lo que hizo, en este caso, un grupo de concejales de la oposición al Intendente Jorge Etcheverry, con lotes del patrimonio municipal que administra. Se le configuró una herramienta legal para que, de ahora en más, las cosas se hagan convenientemente.
«Algunos funcionarios/as, deberían entender que, la democracia los ha puesto en el lugar que ostentan, para hacer el trabajo que les corresponde, y no «vociferar» y/o adjetivar sobre cuestiones que no les son comunes a sus pensamientos.
