Una colaboración de Pablo Vera para EL CUARTO PODER.
Columnista de Página Doce, nos comparte su publicación en dicho diario.
Actual Secretario de asuntos políticos de la Provincia de Buenos Aires, especialista en Seguridad, Narcotráfico, entre otras cosas. Nos pareció interesante la presente nota, en relación a los problemas de inseguridad que se viven en Lobos.
El 17 de junio de 1971 el presidente Richard Nixon declaró ante la prensa de Washington que EE.UU. tenía un nuevo enemigo, las drogas. El discurso de Nixon marcó el comienzo de la llamada Guerra a las Drogas. A más de 50 años, todo indica que la guerra no tuvo vencedores, aunque sí surge un derrotado, la política prohibicionista en sus múltiples formas. Benjamín Smith en “Nuevos documentos revelan los orígenes sangrientos de la larga guerra contra las drogas de EEUU”, publicado en Time en agosto de 2022, explica con claridad que Nixon desplazó la atención de la demanda estadounidense a la oferta internacional. Es decir. rompió las fronteras y comenzó a condicionar-dirigir políticas, sobre los Estados fronterizos como México y sobre los países productores de hojas de coca como Perú, Bolivia y Colombia. Se suponía que un incremento de la política represiva y del aumento de los decomisos produciría una escasez de oferta, impactando en precios más altos y por lo tanto en caída de la demanda.
Los precios no sólo no aumentaron sino que bajaron en forma sistemática.
La violación sistemática de la frontera norteamericana, por parte de los narcotraficantes mexicanos es una situación que persiste y demuestra la torpeza de creer que el tráfico de drogas es un problema de fragilidad en el control de fronteras. Esto obligó a otras estrategias y hacia 1973 se creó la Administración para el control de Drogas, DEA, que asociada con agentes federales mexicanos, previo desembolso de numerosos “aportes” en dólares, intentaron conducir desde México la Guerra anti-drogas. El resultado, aparte de innumerables denuncias por asesinato de inocentes, es un fracaso contundente. Hoy los carteles mexicanos son aún más poderosos. EE.UU. instaló la llamada “militarización” para combatir al narcotráfico, es decir la participación de las fuerzas armadas, generando una doctrina que debía seguir el conjunto de América Latina.
Desoyendo las enseñanzas de Thomas Kuhn, quien en su libro “La Estructura de las Revoluciones Científicas”, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1975, nos enseña que cuando un paradigma aceptado como teoría dominante no puede dar respuestas, padece de anomalías. El paradigma se sostiene hasta que las anomalías lo ponen en crisis y surge uno nuevo que tenga una mayor explicación de los hechos. En este caso, se insistió con la militarización.
Pese a la presión de EE.UU., las fuerzas armadas argentinas no participaron en forma directa en la problemática de la droga. Como bien expresan Juan Gabriel Tokatlian e Iván Briscoe en “Drogas Ilícitas y Nuevo Paradigma: Hacia un debate pos prohibicionista”, su artículo en el libro “Drogas y Prohibición, Una Vieja Guerra, un Nuevo Debate”, “la militarización del combate contra las drogas se convirtió, salvo contadas excepciones (por ejemplo Argentina, Chile y Perú) en una política usual en América Latina. Aquello que comenzó como una participación episódica y temporal en tareas que competían a la política y/o cuerpos de seguridad especializados se fue transformando en una labor constante de las Fuerzas Armadas. La Guerra contra las Drogas se tornó en los años 1980 en una cuestión de Seguridad Nacional tanto para los Estados Unidos como para varios países de América Latina”.
Veamos la experiencia en México y Colombia. Los militares mexicanos iniciaron sus participaciones en anti-drogas en la década de los 70. Luego de un comienzo de relevancia, liderando el golpe al rancho de Rafael Caro Quintero, líder del Cartel de Guadalajara, que concluyó en la quema de miles de tonelada de marihuana, el gobierno tuvo que reconocer la cooptación de mandos militares por los narcos y la duplicación de homicidios, en un espiral de violencia y corrupción. El proceso no se modificó sino que se agravó con la llamada “Iniciativa Mérida”, un programa de EE.UU. que transfirió millones de dólares en equipamiento militar. La experiencia terminó en un rutilante fracaso, culminando en la actualidad con Carteles con mayor despliegue de armamentos y vasto control territorial.
Con la aprobación del llamado “Plan Colombia”, en donde los militares de ese país tuvieron un rol fortalecido por millones de dólares de equipamiento, ese país inició su propia guerra. Terminó en escandalos como los llamados “falsos positivos”, el asesinato de civiles inocentes que el ejército colombiano quizo hacer pasar como bajas en la lucha contra el narcotráfico o la insurgencia. Las víctimas superan las 2000 personas.
Con estos antecedentes ¿es pertinente modificar nuestra Ley de Seguridad Interior y permitir la participación militar en esta problemática? Bill Clinton fomentó la utilización de militares en la Lucha contra las Organizaciones Narcotraficantes. Esta posición generó un fuerte debate en el menemismo. Mientras Erman González y Oscar Camilión rechazaban la intervención militar, el propio Carlos Menem, su vice Eduardo Duhalde, el ministro del Interior Carlos Corach y muy especialmente el de Economía Domingo Cavallo eran los más enfáticos defensores de la participación militar. Múltiples factores impidieron que esta posición prevaleciera.
Pero en virtud de la situación de Rosario, Bullrich-Petri agitan lo que llaman “la bandera de Menem-Cavallo». En Rosario la tasa de homicidios dolosos de 2014 a 2022 osciló entre 13 y 22 cada 100.000 habitantes, un promedio de 15 que supera entre 3 y 5 veces la tasa nacional. Es por lejos la ciudad más violenta de la Argentina y tiene una particularidad única: según el Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio Publico de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, el 72,1 por ciento de esos homicidios son causados por enfrentamientos entre organizaciones criminales.
En “Ciudad de pobres corazones, estado, crimen y violencia narco en Rosario”, Marcelo Sain explica que “tenemos un mercado criminal en expansión y diversificación del tráfico y comercialización de drogas ilegales al amparo del aumento significativo de los consumos de esas drogas y la consolidación de un mercado amplio y estructurado asentado en la demanda de los consumidores de alto y medio poder adquisitivo”. El mercado criminal está en disputa entre una decena de organizaciones, vinculadas en forma directa o indirectamente con los clanes Alvarado y los Monos, aunque es de prever que algunas de ellas sean autónomas a las nombradas.
La propuesta de Bullrich-Petri de militarizar la situación en Rosario será un grueso error. En primer lugar, las FFAA no cuentan con la formación específica para actuar en la materia. Por el contrario, su participación entorpecerá la ya compleja coordinación entre las fuerzas federales de seguridad y la Provincia de Santa Fe. Resulta urgente dejar el show mediático de lanchas artilladas e invocaciones al terrorismo y emprender una política de Estado de: Unificación de doctrina y base de datos de las fuerzas federales; Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal; Reforma profunda de la policía de Santa Fe.
Y muy por sobre todo asumir que “en Rosario tenemos un grave problema con el mercado financiero. Hay una economía informal que favorece la circulación de dinero sucio y debemos asumir que las ganancias del mercado ilegal de drogas y de otros negocios ilegales no se lavan en la cárcel o en los barrios periféricos. La plata se lava en financieras y agencias del Centro de la City Bancaria Rosarina”, como dijo el juez Daniel Erbetta de la Corte de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
Es decir un plan completo y a largo plazo, con eje en lo patrimonial, dotado de la utilización de una correcta política criminal, que no rehúse la inteligencia criminal, ni en el territorio, ni en las unidades carcelarias. Y de una vez por todas, una campaña nacional educativa y de salud que reduzca el consumo.
