EL CUARTO PODER EN LA MARCHA FEDERAL POR LA EDUCACIÓN

SIMÓN FRANCO, para el ECP

Más de un millón de personas marcharon en todo el país por la educación pública

Con una masiva marcha en Buenos Aires y réplicas en todo el país, la ciudadanía se manifestó contra el desfinanciamiento a la educación superior. Sin embargo, el presidente Javier Milei confirmó el veto a la Ley de financiamiento universitario.

El conflicto entre el gobierno nacional y las universidades públicas tuvo un nuevo capítulo ayer. En respuesta al bajo presupuesto asignado a la educación superior y la perdida de salario de los docentes, se llevó a cabo una segunda Marcha Federal Universitaria.

Al igual que la anterior marcha realizada el 23 de abril, alrededor de un millón de personas se manifestaron en casi todas las ciudades del país, incluida Necochea. Asimismo, en coincidencia con lo ocurrido hace 6 meses, la movilización fue pacífica y no se registraron incidentes importantes ni hechos de violencia.

Si bien la convocatoria tuvo un marcado carácter federal, la principal manifestación se dio en Ciudad de Buenos Aires. En este contexto, el punto de concentración fue la histórica plaza frente al Congreso Nacional, donde una multitud se congregó rodeando el escenario principal.

Se calcula que alrededor de 500 mil personas se movilizaron en Buenos Aires. En esta ocasión, además de agrupaciones estudiantiles, alumnos y personas mayores graduadas de la universidad pública, también se registró una marcada presencia de sindicatos, principalmente los agrupados en las dos CTA.

El día previo a la movilización, la ministra de seguridad Patricia Bullrrich, denunció un intento de «golpe» por parte de los manifestantes y aseguró que se aplicaría un protocolo de seguridad más estricto. Sin embargo, los manifestantes se movilizaron pacíficamente en todo el país, marchando por las calles y sin enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, aunque algunos micros que viajaban desde La Plata rumbo a la marcha fueron detenidos sin mayores explicaciones por fuerzas policiales.

En el escenario principal, ubicado estratégicamente de cara al congreso, distintos referentes educativos y sindicales expresaron su preocupación por la situación de la educación superior y reclamaron a los legisladores oponerse al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Por otra parte, el discurso más importante de la tarde fue el de Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), quien leyó un documento redactado en conjunto por representantes estudiantiles, docentes, rectores y trabajadores no docentes del ámbito educativo.

En su discurso, Piccoli denunció que «nunca aparecieron respuestas a más de 100 obras de infraestructura paralizadas y los programas de asistencia a estudiantes se actualizaron tarde y mal, perjudicando a miles que lo necesitaban para continuar sus estudios». Además, la estudiante señaló que «la crisis que atraviesa el sistema científico es más profunda y será terminal si no se consideran medidas urgentes. La falta de actualización salarial de los docentes-investigadores, junto con la reducción del financiamiento para becas y programas de apoyo, afecta gravemente al sistema científico-tecnológico argentino».

Es importante subrayar que, desde el inicio de la gestión libertaria, el salario real de los docentes universitarios cayó en promedio un 23,7 y se calcula que más del 80% de los docentes se encuentran debajo de la línea de pobreza. A esto se le suma la cuestión del desfinanciamiento, ya que el presupuesto destinado por el gobierno nacional a las Universidades en 2024 fue un 30% menor que el año anterior, y es el más bajo de la última década.

Sin embargo, ni la complicada situación financiera de las Universidades, ni la masiva movilización, movieron al gobierno nacional de su intención de vetar la recientemente aprobada Ley de financiamiento universitario.  En el día de hoy, mediante un comunicado oficial, se confirmó el veto presidencial, bajo el argumento de que «dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo”.