LA ORDENANZA DE ACEPTACIÓN DEL ÚNICO OFERENTE DE LA LICITACIÓN DE BARRIDO, EN LA MIRADA DEL LOBENSE COMÚN.

«El contrato incluye multas de 30.000 pesos diarios por incumplimiento y la posibilidad de rescisión, sin perjuicio de acciones penales, en caso de ofrecer dinero o dádivas a funcionarios o empleados públicos para obtener beneficios. Además, incorpora una cláusula anticorrupción que habilita al municipio a rechazar la propuesta o rescindir el contrato cuando se compruebe que alguien ofreció dinero o cualquier beneficio a funcionarios con competencia en el procedimiento para influir en sus decisiones.»

Este texto versa en la reciente licitación del proyecto de adjudicación del barrido que se tratará este jueves en el Concejo Deliberante, luego de la bochornosa sesión del día jueves próximo pasado.

El espíritu de este texto se aplica en toda contratación pública, en rifas de asociaciones civiles, en sorteos públicos y privados y en toda convocatoria que quiera demostrar transparencia absoluta y dejar claras las intenciones.

Tanto Daniel Zavalo como Martín Carriquiry se expresaron respecto de que no está cerrados a «algunas privatizaciones de servicios», cada uno con matices propios de su identidad política. Lo que sí quedaba en claro es que no se podían seguir contemplando ni una vez más las incompetencias en el armado de proyectos, con graves falencias del dominio legislativo.

Daniel Zavalo fue más allá, lanzando una advertencia que, de allí en más, «no trataremos ningún proyecto más que provenga con la falta de apreciaciones técnicas ni fundamentos económicos».

Esto con referencia a estudios de costos, impacto en el presupuesto y compromisos de reaseguros fehacientes de la empresa adjudicataria, así como su capacidad técnica y experiencia demostrables en el rubro que aspira trabajar.

También hablo Zavalo de la exigua multa que se aplicaría en casos de incumplimientos, llegando a aseverar en su discurso que la multa propuesta era irrisoria, incitando, prácticamente, al incumplimiento (revisar  grabación de la sesión).

LAS VERDADES OCULTAS QUE TODOS VEN, PERO NO LAS EXPRESAN

El arquitecto Costa, oferente de la licitación de barrido, es familiar directo del ex secretario de finanzas del Municipio y, si bien podemos aplicar el prefijo ex, queda en forma solidaria cuestionado por ser el familiar político de la actual Subsecretaria de Desarrollo, Miriam Lucavalli, actual cónyuge del ex Secretario Di Tomaso.

El Dr. Zavalo expresaba en el debate parlamentario que se debía tener especial cuidado con la experiencia en el rubro, de la propuesta de la licitación. ¿La tiene Costa?

De la noche a la mañana, Costa fue acreedor de otra obra de varios millones de pesos en los últimos meses, la obra de la Escuela Provincial 17, construida con los fondos educativos que son aportes de la Provincia, administrados por el Ejecutivo Municipal. Nadie hizo alusión al parentesco del oferente con miembros del staff ejecutivo.

La primera licitación de la privatización del barrido fue adjudicada a una joven que se inscribió semanas antes como proveedora del Municipio, su única experiencia en el rubro era haber barrido el piso de un emprendimiento familiar (kiosco). La suma adjudicada, 84 millones. Nada se sabe si su condición ante la AFIP le permitía facturar esa cantidad. Esa suma se abultó con una serie de contrataciones directas que hicieron que, en ese año, facturara sumas varias veces millonarias.

LA SUSPICACIA de una presencia en la barra del Concejo

Este jueves se continuará con la sesión detenida por el cuarto intermedio del jueves próximo pasado en donde se procedió a derivar el proyecto para ser tratado en 3 comisiones.

Este lunes y martes, se reunieron dos y a una no fue ningún concejal oficialista. La ausencia del Concejal libertario, Gastón Manca, a la sesión del Cuerpo y a las comisiones generan ruido.

El jueves, antes de la convocatoria a la sesión en el recinto, se obtendría la respuesta final. Ya existe un dictamen en minoría, el del peronismo.

La presencia de Carlos Jorge y Miriam Lucavalli en los balcones del Concejo el día del bochorno es una muestra clara de cómo trabaja el Municipio, acostumbrado a emitir dictámenes por amplia mayoría, sin el tratamiento correcto de muchas normas, que hoy denuncia Zavalo y anteriormente Carriquiry, del bloque peronista.

NO ES ESTA ES LA ÚLTIMA Y DESPUÉS NO MÁS.

LA UVC debe sostener sus conceptos de anticorrupción y cortar por lo sano. Si la cosa adolece de tratamientos erráticos, se debería rechazar y que las cosas se hagan bien, DE UNA VEZ POR TODAS. Las demás apreciaciones dejan un sabor amargo a nada, que las cosas siguen igual, mientras los costos lo paga el contribuyente.