En un reportaje exclusivo para El Cuarto Poder, Jorge Castellano, titular del Colegio de Ingenieros de la Provincia, dialogó con Simón franco, periodista y corresponsal de nuestro medio.

Simón Franco, corresponsal de ECP.

Obra pública paralizada: Ingenieros denuncian que “invertimos dinero público, que ahora se encuentra tirado y degradándose”

Según los últimos datos disponibles, la inversión pública cayo un 27 % en 2025, con números mucho peores en vivienda, agua potable, urbanismo y alcantarillado. Jorge Castellano, titular del Colegio de Ingenieros de la Provincia, denunció el impacto para la ciudadanía de este desfinanciamiento.

En un hecho prácticamente inédito en la historia política de Argentina, Javier Milei previo a asumir la presidencia, prometió abiertamente terminar con la obra pública. Ya en la gestión, cumplió con esa peculiar propuesta. Durante el año pasado, la inversión pública en vivienda y urbanismo cayó un impactante 93,5% , mientras que en otra área clave como agua potable y alcantarillado la caída fue del 40,5%. Una de las regiones más perjudicadas en ese marco fue nuestra provincia, y el ingeniero Jorge Castellano analizó la situación en diálogo con este medio.

Desde la asunción de Javier Milei, se registró una parálisis de la obra pública nacional en la mayor parte del país. ¿En provincia de Buenos Aires, tienen estadísticas de cuántas obras quedaron abandonadas o inconclusas?

Las últimas estadísticas al respecto son del 2024, y dan cuenta de que había 3500 obras y proyectos detenidos por la falta de financiamiento por parte del gobierno nacional. Esto provocó la pérdida de 100.000 empleos directos. El impacto fue muy profundo.

¿Cuáles son las principales consecuencias o riesgos de esta decisión del ejecutivo nacional?

La obra pública significa solucionar una problemática que tiene un determinado sector. Entonces la consecuencia más importante es que esto no se cumplió para una comunidad, ciudad o pueblo que necesitaba solucionar una problemática. Hay varios agravantes, el primero es que, a través del Estado Nacional, nosotros los contribuyentes invertimos dinero público, que ahora se encuentra tirado y degradándose. En algunos casos se solicitaron créditos para este objetivo y no se llegó a nada. También obviamente está la pérdida del empleo directo e indirecto.  El directo son los obreros, administrativos, jefes de obra y capataces. El indirecto es todo lo relacionado: la gente que se dedica a los insumos, a la logística, reparaciones, provisión de maquinarias y equipos. Entonces el impacto es más que importante.

¿Comparten la postura del ejecutivo de apuntar a una privatización/licitación del mantenimiento de las rutas nacionales?

Compartimos la postura, y es algo que venimos diciendo desde el inicio de nuestra gestión al frente del Colegio. Al no haber fondos disponibles genuinos en nuestro país, y entendiendo que no se puede emitir ni gastar más de lo que el país produce, el camino queda abierto para todo tipo de soluciones que permitan llevar a cabo obras de infraestructura pública, que es lo que nosotros pedimos. Hay que hacerlo con iniciativa privada, con sistema de peajes, con sistema de concesiones, incluyendo participación privada y estatal.

Hoy hay un campo abierto para definir la política adecuada para cada caso. No es lo mismo intentar que el sector privado haga su inversión en un corredor vial en el cual va a tener peaje con circulación, que diez cuadras de cordón cuneta o asfalto en un pueblo del interior de la provincia, o el cierre de una malla de cloaca en un barrio carenciado, de esto no se va a hacer cargo un privado porque su objetivo es otro. El Estado tiene que concentrarse en lo que debe hacer.

¿En el caso de las obras del gobierno provincial, también hay parálisis?

Por el lado provincial, si bien es obvia la intención de la gobernación de generar avances en las obras públicas, no es menos cierto que hay muchísimas obras detenidas por diversos motivos. Algunas por la falta de cumplimiento de los pagos de certificados, otras por defectos en los proyectos de licitación. Entendemos que la voluntad de la gobernación es clara en tener un plan continuo de ampliación de la infraestructura pública, pero hay una cantidad importante de obras detenidas, que hacen que haya el mismo impacto que tuvo la medida del gobierno nacional.