LOBOS
El jefe comunal Jorge Etcheverry deberá abonar un cargo en solidaridad con la contadora Lorena Ferrero y el secretario de Gobierno Pablo Hasper por $948.221,91 debido a unos egresos desaprobados porque el Tribunal de Cuentas los consideró como “gastos personales”. El intendente también tendrá que pagar una multa de $600.000 por falta de implementación de sistemas.
No es novedad que las imputaciones del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, se encuentra fundado en cuestiones conceptuales y dentro del espectro del análisis contable de contadores especializados que analizan paso a paso todos los registros contables de dineros públicos.
Del mismo modo, siempre se envían las imputaciones a las que el Municipio debe responder en el plazo establecido.
Es evidente que, el Municipio ha sido sancionado por que las evidencias y los descargos así lo ameritan. A pesar de ello, Jorge Etcheverry instruyo mediante gacetillas ampliamente divulgadas que el HTCP, miente y no existen, según el Municipio, manejos non santos del dinero de los lobenses.
Basta con observar el detalle del fallo del organismo provincial, para ver la contundencia del mismo. De los medios de prensa que publicaron la medida y la respuesta del municipio, uno de ellos, FM Reencuentro publicó el mismo en un link que cualquiera puede visitar.
https://fmreencuentro.com.ar/wp-content/uploads/2025/12/FALLO-COMPLETO-LOBOS.pdf
Fuentes consultadas por El Cuarto Poder, indicaron que son muchas las anomalías en la que se ha estado incurriendo en el Municipio de Lobos. Distintas notificaciones que han llegado a la intendencia y a la presidencia del Concejo Municipal, han sembrado un caldo de cultivo de futuras sanciones respecto del ejercicio 2024.
Entre las cosas que se han estudiado sobre estas anomalías es que, son muchas las observaciones que se presentaron a lo largo de las sesiones del 2023/2024 y lo que se termina del 2025, sobre diferentes objeciones en gastos y recursos, por parte de la oposición y, que en definitiva se aprueban por mayoría simple por los concejales del oficialismo, mientras que, las observaciones permanecen en comisiones o pasan a archivos con el mismo criterio de votación.
Existe la posibilidad que las sanciones, con todo este material, se amplíe en el espectro del Concejo, por respuestas solicitadas por la justicia, especialmente en el caso de las fotomultas.
Las responsabilidades serían ampliadas a aquellos sectores que decidieron avalar las cuestiones observadas.
